Suso Domínguez denuncia la falta de información, los riesgos ambientales y urbanísticos y exige una evaluación conjunta del impacto de todos los centros de datos proyectados en Zaragoza
Zaragoza en Común ha mostrado hoy su enorme preocupación ante los proyectos de instalación de grandes centros de datos en La Cartuja Baja y Puerto Venecia, tras analizar los informes emitidos por distintos servicios técnicos municipales. Durante una rueda de prensa, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha advertido de que estos documentos revelan importantes riesgos para la ciudad y ponen en cuestión la forma en la que se están tramitando ambos proyectos.
Los informes municipales coinciden en señalar que no existe información suficiente para evaluar adecuadamente las consecuencias reales de estas instalaciones sobre recursos estratégicos como el agua y la energía. Además, los propios técnicos advierten de que el análisis debe realizarse teniendo en cuenta el conjunto de los centros de datos proyectados en Zaragoza y Aragón, ya que solo una visión global permitirá determinar si su impacto es positivo o si, por el contrario, supone una carga inasumible para el territorio y para la ciudadanía.
«Estamos hablando de proyectos con un enorme consumo de agua y electricidad, y los propios informes municipales alertan de que no se dispone de toda la información necesaria para valorar sus efectos. Nos estamos jugando el futuro de la ciudad y de las próximas generaciones», ha señalado Domínguez.
Riesgo de inundaciones, problemas de abastecimiento y vertidos
Uno de los aspectos que más preocupación genera es el aumento del riesgo de inundaciones. Tanto el proyecto de La Cartuja Baja como el de Puerto Venecia se ubican junto a barrancos que han registrado episodios de inundaciones en los últimos años: el Barranco de Las Casetas y el Barranco de la Muerte, respectivamente.
Los técnicos municipales advierten de que la urbanización asociada a estos desarrollos reducirá la capacidad natural de absorción del terreno y podría incrementar los caudales en episodios de lluvias intensas. A ello se suma la posible evacuación de agua procedente de las balsas de refrigeración de los centros de datos durante tormentas, lo que agravaría todavía más el riesgo de inundación.
En el caso de La Cartuja, esta situación podría afectar a otras empresas instaladas en el polígono Empresarium. En Puerto Venecia, existe el temor de que puedan repetirse episodios como los que provocaron importantes daños en el entorno del colegio María Zambrano.
Los informes también plantean importantes reparos sobre los vertidos asociados a estas instalaciones, señalando que los valores previstos de conductividad duplican los límites permitidos, con el consiguiente riesgo para la red de saneamiento y depuración.
La Cartuja: ocupación de suelo protegido y consumo masivo de agua
Respecto al proyecto previsto en La Cartuja Baja, Zaragoza en Común denuncia que se pretende ocupar suelo no urbanizable de especial protección vinculado al ecosistema estepario y al ámbito de conservación del cernícalo primilla, pese a que existen alternativas de suelo industrial ya disponible dentro del municipio.
Los propios informes municipales cuestionan algunos de los argumentos utilizados para justificar la tramitación como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), especialmente en lo relativo a la sostenibilidad y al uso eficiente de los recursos naturales.
Asimismo, preocupa especialmente el enorme consumo hídrico previsto. Según la documentación analizada, la demanda podría alcanzar los 11.103 metros cúbicos diarios, obtenidos a través de distintas fuentes, incluida la red municipal. Los técnicos muestran dudas sobre las posibles afecciones que esta demanda podría generar sobre el futuro desarrollo del barrio de La Cartuja y sobre la disponibilidad de recursos.
También cuestionan que las nuevas infraestructuras viarias previstas estén diseñadas prácticamente en exclusiva para dar servicio a una instalación privada, cerrada y vallada.
Puerto Venecia: tramitación acelerada y vecinos ignorados
En el caso de Puerto Venecia, Zaragoza en Común considera especialmente grave la forma en la que se ha desarrollado la tramitación administrativa.
Los servicios municipales dispusieron de apenas unos días para emitir informes sobre una actuación de enorme complejidad y trascendencia. Además, informes técnicos dejaron constancia de que al Ayuntamiento no fue notificado del acuerdo de aprobación del PIGA por el Gobierno de Aragón.
Para Zaragoza en Común resulta incomprensible que un proyecto con potenciales afecciones sobre el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico, la movilidad, el riesgo de inundación y el entorno residencial haya avanzado sin el informe de sostenibilidad ni medio ambiente no otros informes específicos durante la fase de aprobación del PIGA.
Los informes también señalan que los sectores de Puerto Venecia y Parque Venecia deberían haber sido considerados parte interesada en el procedimiento, algo que no ocurrió. Por ello, Zaragoza en Común denuncia que los vecinos y vecinas afectados no han sido debidamente informados ni han podido participar en condiciones adecuadas en la toma de decisiones.
Exigencia de paralización y debate público
Para Zaragoza en Común, los informes técnicos municipales desmontan el relato de que estos proyectos carecen de impacto significativo y evidencian la necesidad de abrir un debate público serio sobre el modelo de desarrollo que se quiere para Zaragoza.
«Ni la alcaldesa Natalia Chueca ni el Gobierno de Aragón pueden seguir actuando como si estos proyectos fueran inocuos. Los propios informes municipales alertan de riesgos sobre el agua, la energía, los vertidos, las inundaciones y la ocupación de suelo protegido. No podemos hipotecar nuestro territorio y nuestros recursos para beneficiar intereses privados sin conocer todas las consecuencias», ha afirmado Suso Domínguez.
Zaragoza en Común exige la paralización de ambos proyectos hasta que se realice una evaluación conjunta de todos los centros de datos previstos, se garantice la transparencia del proceso y se asegure que los intereses de la ciudad y de sus vecinos y vecinas están por encima de cualquier presión empresarial o especulativa.