El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado la eliminación del Servicio de Orientación Laboral para mujeres víctimas de violencia de género, que hasta ahora dependía del Área de Políticas Sociales y que ha pasado a atender, mediante un convenio, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ), sin aumento de personal ni personal especializado en estos perfiles.
La formación ha pedido ha solicitado explicaciones al Gobierno municipal sobre cómo se va a materializar la anunciada asunción de competencias en materia de orientación laboral para mujeres víctimas de violencia de género en una estructura que no ha reforzado su personal, asumiendo más trabajo y, además, especializado.
Esta situación se produce en un contexto en el que la desigualdad laboral de género continúa teniendo un carácter estructural. Según los datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y los informes de Comisiones Obreras, la brecha salarial en España se sitúa en el 19,6 %, lo que implica que las mujeres perciben de media cerca de 4.857 euros menos al año que los hombres. En Aragón esta diferencia es todavía mayor, alcanzando aproximadamente el 24 %, con más de 5.600 euros anuales de diferencia. A esta desigualdad salarial se suma también una brecha en el acceso y la calidad del empleo.
Con el objetivo de paliar esta desigualdad en el acceso al empleo, el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha el servicio de orientación laboral en la Casa de la Mujer, que durante años fue un recurso de referencia en la ciudad y muy bien valorado por sus usuarias.
“Sin embargo, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno municipal, con el apoyo de Vox, este servicio ha sido progresivamente desmantelado”, ha afirmado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez.
Mismo personal, más usuarios y ausencia de especialización
En 2022 se firmó un convenio con el IMEFEZ para establecer canales de derivación de usuarias —mujeres víctimas de violencia de género y otras personas con dificultades de acceso o mantenimiento del empleo por motivos de género— desde el Servicio de Mujer e Igualdad hacia el organismo municipal de empleo. Sin embargo, esta información no fue rasladada a las y los trabajadores del propio servicio municipal, que han detectado un aumento de usuarias sin haber sido informados del origen de estas derivaciones.
Zaragoza en Común ha denunciado que este convenio tampoco ha venido acompañado de un refuerzo de los servicios de orientación, que ya contaba con recursos limitados. A esto se suma la ausencia de atención en horario de tarde -fundamental para personas en procesos formativos—, contrataciones temporales de las personas orientadoras por periodos de nueve meses, falta de formación especializada para atender a perfiles con necesidades específicas, entre otras.
Zaragoza en Común ha pedido explicaciones sobre con qué recursos humanos y económicos va a contar este servicio y qué garantías existen para asegurar una atención adecuada a las usuarias.
Además, alertan de que el servicio podría verse incluso reducido si no se sustituye a una técnica de empleo que pasará a desempeñar funciones de coordinación con los Centros Sociolaborales (CSL). En este sentido, la formación ha preguntado al Gobierno municipal si tiene previsto sustituir esta plaza y cuándo se realizará dicha contratación.
En paralelo, este servicio también salió a licitación y fue adjudicado a la entidad YMCA, trasladándose fuera de la sede de la Casa de la Mujer. Según denunciaron los trabajadores, las condiciones del pliego se habrían incumplido de manera sistemática tanto en lo relativo a las condiciones laborales como a la atención a las usuarias, con instalaciones inadecuadas, ausencia de privacidad en las entrevistas, falta de accesibilidad o un uso inadecuado de la información recogida. Como consecuencia de esta situación, todas las y los trabajadores que habían formado parte del servicio abandonaron el mismo, bien por despido o por renuncia.
Gestión deficiente de un servicio público
Desde Zaragoza en Común consideran que esta situación evidencia una gestión deficiente de los servicios públicos municipales, caracterizada por la falta de personal, la ausencia de coordinación entre áreas y la falta de formación especializada para los profesionales. “El acceso al empleo es una herramienta fundamental para que muchas mujeres puedan salir de la espiral de la violencia de género”, ha indicado Domínguez.
Por ello, reclaman al Gobierno municipal que aclare de forma inmediata cómo va a garantizar la continuidad y calidad de un servicio que consideran esencial para la autonomía y la protección de las mujeres.
La necesidad de servicios especializados de orientación laboral
La tasa de paro femenina continúa siendo superior a la masculina y la parcialidad laboral afecta de forma desproporcionada a las mujeres. En torno al 22 % de las mujeres ocupadas trabaja a jornada parcial frente a apenas un 7 % de los hombres, y casi tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres.
“Esta realidad responde en gran medida a una organización social de los cuidados que sigue recayendo mayoritariamente en ellas, lo que condiciona su disponibilidad laboral, su promoción profesional y su estabilidad económica. Las mujeres continúan concentrándose en sectores más precarizados, con mayor temporalidad y menor remuneración, lo que limita su autonomía económica”, ha expresado el concejal Suso Domínguez, que ha preguntado en comisión por este tema.
En este contexto, los servicios especializados de orientación laboral para mujeres constituyen una herramienta imprescindible para abordar las barreras específicas que enfrentan en el mercado de trabajo: interrupciones en la trayectoria profesional, dificultades de conciliación, brecha digital, falta de redes de apoyo o escasa formación adaptada a sectores emergentes. A través de itinerarios personalizados, formación específica, asesoramiento y acompañamiento continuado, estos recursos contribuyen a reducir desigualdades que el mercado laboral por sí solo no corrige.
Desde la formación han explicado que la necesidad de estos servicios resulta aún más evidente en el caso de las mujeres que sufren violencia de género. Para ellas, el acceso al empleo no es únicamente una vía de desarrollo profesional, sino una herramienta fundamental de protección y autonomía. La dependencia económica es uno de los principales factores que dificultan la salida de situaciones de violencia, por lo que contar con ingresos propios y apoyo especializado resulta clave para reconstruir un proyecto de vida independiente.