Zaragoza en Común exige al Gobierno de Natalia Chueca que no presente recurso frente a la sentencia del TSJA que declara ilegal el Outlet Pikolin y pide la paralización para la construcción de un supermercado en el outlet
Desde la formación piden Chueca que asuma las responsabilidades políticas por este asunto y exigen al Consejero de Urbanismo que ponga su cargo a disposición, ante la gravedad de las posibles consecuencias de sus decisiones, “tomadas sin la debida cautela”
La formación exige, además, la retirada de oficio de cuantos expedientes tengan que ver con la implantación de este nuevo supermercado, que además de ir en contra del contenido de la sentencia, “supondrá una grave afectación al ya de por sí maltrecho comercio local, en especial al de los barrios rurales de Casetas y Monzalbarba”
El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido a Natalia Chueca que no presente recurso frente a la sentencia del TSJA que declara ilegal el outlet de Pikolín y que paralice la construcción de un supermercado en este complejo comercial. Asimismo, piden la dimisión del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ante la gravedad de “las consecuencias de unas decisiones tomadas sin la debida cautela”.
“La razón se impone después de nueve años, con esta tercera sentencia que deja bien claro que nos encontramos ante un grave caso de urbanismo a la carta”, ha manifestado el concejal y portavoz de la formación en la comisión de Urbanismo, Suso Domínguez. Esta es la razón por la que desde Zaragoza en Común piden la dimisión del Consejero Serrano.
El Plan Especial fue declarado nulo por sentencia, tras ello, se produjo la aprobación de la modificación del PGOU 171 que fue declarada recientemente ilegal por la Sentencia del TSJA. También la negativa a la suspensión cautelar de las licencias y el reciente apoyo a la modificación presentada por KIROS para la implantación de una gran supermercado en Torre Outlet.
Según Zaragoza en Común, la sentencia es muy clara. “La modificación es ilegal y no cabe apelar a la vía de los hechos para legalizar el centro comercial, que era lo que el Gobierno del PP esperaba impulsando la construcción y la concesión de licencias, por eso votaron contra de la paralización de las mismas y continuaron concediéndolas, en contra de los informes municipales que pedían que cesara el otorgamiento de dichas autorizaciones”, ha destacado Domínguez.
“Se seguían dando licencias con un planeamiento declarado ilegal”
En este sentido, el edil ha manifestado el error de quienes votaron a favor de la modificación, apartándose de las propuestas de gobierno de Zaragoza en Común sujetas, de forma estricta, a la legalidad representada por el Plan General de Urbanismo y el principio de jerarquía normativa.
“Estaba claro que si se daban licencias con un planeamiento declarado ilegal iba a darse la situación con la que ahora nos encontramos”, ha expresado Domínguez.
Ante esta situación, para Zaragoza en Común, es el Gobierno del PP y en particular el consejero Víctor Serrano los únicos responsables de las consecuencias de esta sentencia, “por lo que debe poner su cargo a disposición”.
“Por la gravedad de las posibles consecuencias de sus decisiones, tomadas sin la debida cautela, tratando de legalizar por la vía de los hechos una operación ilegal y que va en detrimento del interés general”, ha añadido Domínguez.
Desde la formación afirman que el único interés que se ha defendido desde el Gobierno del PP y de el resto los grupos municipales que votaron a favor de estas modificaciones es el de PIKOLIN y el Sr. Alfonso Solans “que ha vendido, no sabemos por cuántos millones, un centro comercial ilegal a un Fondo de inversión en lo que no es más que una pura y dura operación especulativa que nada tiene que ver con el interés público”.
En cuanto a la posible interposición de recurso, frente a la citada sentencia, Zaragoza en Común considera que es una maniobra más para prolongar el asunto, ya que “no va a prosperar, con lo que supone gastar dinero público con el único fin de no asumir las responsabilidades políticas y conservar el sillón”.
La formación recuerda que no pueden acogerse al argumento de la posible destrucción de empleo, como justificación a la no presentación del recurso, puesto que los informes hablan de que cada dos puestos de trabajo creados en un centro comercial se destruyen 3 de comercio local “y eso no les importó”. “Tampoco los informes negativos de los técnicos municipales, o los informes de la Asesoría Jurídica que no veían visos de que el recurso prosperase”, ha añadido Domínguez.
La formación exige, además, la retirada de oficio de cuantos expedientes tengan que ver con la implantación de este nuevo supermercado, que además de ir en contra del contenido de la sentencia, “supondrá una grave afectación al ya de por sí maltrecho comercio local, en especial al de los barrios rurales de Casetas y Monzalbarba”.