Zaragoza en Común ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para defender unas condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores de limpieza de edificios, un sector esencial que durante la pandemia sostuvo un servicio básico para la ciudadanía. La iniciativa ha sido presentada hoy en rueda de prensa junto a representantes de CCOO, UGT y OSTA.
La portavoz del grupo municipal ha subrayado que la responsabilidad política no recae solo en las patronales del sector, sino también en las administraciones que contratan, licitan y supervisan estos servicios. En este sentido, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón tienen la obligación de garantizar que la prestación del servicio no se haga a costa de empeorar las condiciones laborales ni de rebajar los estándares de calidad.
La moción pone el foco en dos cuestiones concretas. Por un lado, reclama instar a las patronales ASPEL y ASOAL a actualizar las condiciones laborales y salariales del sector, después de que las trabajadoras lleven negociando desde enero sin avances reales, y sin trasladar a las plantillas la presión por maximizar beneficios empresariales ni utilizar el absentismo como excusa para recortar derechos vinculados a la incapacidad temporal. Por otro, exige al Gobierno de la ciudad que entregue a los grupos municipales la documentación del primer trimestre de 2026 prevista en el pliego técnico, para poder comprobar si se están cumpliendo los controles de personal, calidad, incidencias, medios materiales e idoneidad del servicio.
Zaragoza en Común denuncia además que el último pliego ha eliminado mecanismos de control del servicio, ha reducido la capacidad de supervisión pública y ha priorizado criterios de metros cuadrados frente a las necesidades reales de personal. Esta forma de contratar deriva en sobrecarga de trabajo, pérdidas de empleos con jornadas completas y deterioro del servicio.
La formación municipal considera que es imprescindible que Ayuntamiento y Gobierno autonómico asuman su parte de responsabilidad y actúen para proteger a una plantilla feminizada, precarizada y esencial para el funcionamiento de los servicios públicos.