La formación recuerda que la sentencia del TSJA afea la actuación del Gobierno Municipal y evidencia graves errores jurídicos y administrativos que han puesto en riesgo la protección de la huerta y favorece los intereses de las promotoras fotovoltaicas
Zaragoza en Común exige responsabilidades políticas al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, y a la alcaldesa, Natalia Chueca, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula la Modificación Aislada 214 del Plan General por no haber realizado la preceptiva tramitación ambiental ante el INAGA.
Esta resolución judicial se suma a otra sentencia del propio TSJA, conocida hace apenas unos meses, que obligó al Ayuntamiento a autorizar la planta fotovoltaica Clarita en la huerta de Movera al considerar ilegal la suspensión de licencias decretada por el Gobierno municipal y reconocer el derecho de la empresa por silencio administrativo.
«Ya no estamos ante un hecho aislado, sino ante una cadena de errores jurídicos y administrativos que evidencian una gestión profundamente negligente por parte del Gobierno de Natalia Chueca», señala Suso Domínguez. «La sentencia ponen de manifiesto que el Ejecutivo municipal ha actuado sin el rigor jurídico necesario, comprometiendo precisamente aquello que decía querer proteger.»
Desde Zaragoza en Común recuerdan que la protección de la huerta de Movera constituye un objetivo compartido por amplios sectores sociales, vecinales y políticos y ya en el 2021 la formación municipal pidió una moratoria para ordenar la instalación de renovables y valorar sus efectos en el territorio y no encontró apoyo alguno.
“En periodo electoral el Gobierno del PP anuncio la protección de la Huerta para la implantación de renovables , pero es una regulación que llego tarde y se hizo de manera negligente y chapucera y ha acabado siendo anulada por los tribunales”. Explica el edil.
Asimismo, Zaragoza en Común recuerda que la sentencia sobre la planta Clarita ya dejó en evidencia la falta de diligencia del Gobierno municipal, al declarar nula la paralización de licencias por haber sido adoptada por un órgano manifiestamente incompetente y permitir que el procedimiento administrativo derivara en un silencio positivo favorable a la promotora.
Además, Zaragoza en Común subraya que la sentencia va mucho más allá de una mera cuestión procedimental y cuestiona de forma expresa la interpretación jurídica defendida por el Ayuntamiento durante la tramitación. El TSJA reprocha que el Consistorio, tras consultar al INAGA sobre el procedimiento ambiental aplicable y recibir como respuesta que debía tramitarse una evaluación ambiental simplificada, insistiera en que la modificación no tenía carácter estructural ni afectaba a la ordenación pormenorizada, logrando que el organismo ambiental aceptara ese planteamiento. Sin embargo, el propio Tribunal es tajante al afirmar que «las cosas en Derecho son como son, no como queramos que sean» y concluye que la Modificación 214 constituye «una modificación estructural, o cuando menos pormenorizada», dada «la trascendencia de los cambios normativos y la afectación general al suelo no urbanizable». Para Zaragoza en Común, estas afirmaciones desmontan el relato del Gobierno municipal y evidencian que el expediente se construyó sobre una interpretación jurídica que los tribunales han rechazado de manera contundente.
El resultado de esta forma de gobernar es demoledor: el Ayuntamiento pierde en los tribunales, debe asumir las costas judiciales, se debilita la seguridad jurídica de la planificación urbanística y quienes salen beneficiadas son las empresas promotoras, mientras la huerta de Movera continúa viendo amenazada su conservación. Por ello, Zaragoza en Común reclama la aprobación inmediata de una moratoria que suspenda la autorización de nuevas instalaciones fotovoltaicas sobre suelos de alto valor agrícola hasta que exista una regulación plenamente ajustada a derecho que garantice de forma efectiva la protección de la huerta tradicional y evite que nuevos proyectos puedan consolidar derechos por errores administrativos del propio Ayuntamiento.»
Para Zaragoza en Común, el anuncio realizado por el Gobierno municipal de iniciar nuevamente la tramitación de la modificación urbanística confirma, además, que el expediente anterior estaba mal planteado desde su origen. «Si ahora reconocen que van a hacer lo que la ley exigía desde el principio, están admitiendo implícitamente que actuaron de forma incorrecta.» detalla Domínguez.
La formación exige que Víctor Serrano asuma responsabilidades políticas por una gestión que ha acumulado errores de enorme trascendencia jurídica y que se suma a otras actuaciones como el Outlet, Pikolín con cuatro sentencias que confirman su ilegalidad. A estos ejemplos sumamos el reciente caso del SPA de Ranillas, donde los tribunales confirman que este gobierno esta pasando por encima de la normativa para imponer sus políticas que benefician siempre a los mismos, pero que pagamos todas.