Las propuestas de la formación pretenden favorecer la transparencia y mejorar los mecanismos de control al gobierno con el fin de garantizar una gestión responsable de los recursos públicos y asegurar que se destinen a las necesidades reales de la ciudadanía
El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 9 enmiendas a los presupuestos municipales de PP y VOX con el objetivo de aumentar la transparencia y el control en la gestión del gobierno así como una enmienda a la totalidad para incorporar el lenguaje inclusivo en estos documentos de la administración. En total, 72 enmiendas presentadas.
Estas enmiendas, dirigidas a las bases de ejecución, buscan generar un mayor control y transparencia, incidiendo sobre uno de los aspectos que la formación ha criticado a lo largo del mandato: el abuso de las modificaciones presupuestarias dentro de las áreas.
Las enmiendas buscan limitar la discrecionalidad y mejorar la labor de control. De aprobarse, será necesaria la existencia de un expediente que acompañe a estas modificaciones de créditos, de forma que ya no bastará un acuerdo de la Consejera de Hacienda y Fondos Europeos a propuesta del Concejal responsable de la gestión de los créditos para llevarlo a cabo.
La aprobación de los expedientes correspondería al Pleno de la Corporación en los siguientes casos: cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, salvo cuando las altas y las bajas afecten a créditos de personal. También si las transferencias de crédito superan los 200.000 euros. O si consisten en transferir créditos entre aplicaciones de gasto corriente y gasto de capital, salvo en el caso de las del servicio de la deuda que serán competencia de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos.
Respecto a los justificantes de gasto, Zaragoza en Común también propone medidas para mejorar el control de los pagos a justificar, exigiendo mayor rigor en la rendición de cuentas y la presentación de justificantes.
Además, en el terreno de la adquisición de bienes inmuebles ZEC ha propuesto establecer un límite de 1,5 millones de euros a la Consejería de Hacienda.
La enmienda a la base 49 propone un cambio para retrasar la fecha límite para que los Grupos Políticos Municipales presenten la contabilidad específica de la dotación a la Intervención General Municipal. La nueva fecha límite sería antes del 1 de abril del ejercicio siguiente, en lugar del 1 de febrero. En un año electoral, la fecha límite seguiría siendo antes de la sesión constitutiva de la nueva Corporación. Esta enmienda se propone para garantizar suficiente tiempo para realizar las tareas de presentación de la contabilidad.
Respecto a la base 66, la formación propone eliminar la base que pretende eliminar los informes trimestrales sobre ejecución presupuestaria ya que esta medida busca evitar el control de la oposición sobre la gestión del gobierno.
La propuesta consiste también en que el Gobierno de Zaragoza informe mensualmente en las comisiones plenarias sobre las nuevas contrataciones o gastos en marketing y comunicación. “El incremento del gasto en empresas de comunicación hace imprescindible un control más riguroso y esta enmienda obligaría al Gobierno de Zaragoza a informar mensualmente en las comisiones plenarias sobre los gastos en esta materia”, ha señalado la portavoz, Elena Tomás.
Esta adición se justifica por el «disparado incremento del uso de empresas de comunicación» y la necesidad de un control más riguroso sobre este tipo de gasto.
Con ella, la formación busca saber cómo, cuándo y en concepto de qué se realizan estas contrataciones y gastos, para asegurar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos.
La formación también ha subrayado la necesidad de aumentar el personal de Intervención General para que pueda realizar sus tareas de control de manera efectiva.
En la base 30, la propuesta del PP elimina el punto 6 de tal forma que no habría informes de intervención para controlar las bases de las convocatorias de las subvenciones, las propuestas de concesión, las de convenios y el cumplimiento de los fines comprometidos por los beneficiarios de las mismas.
“Todas nuestras propuestas van encaminadas a favorecer la transparencia y la necesidad de realizar un control efectivo al gobierno, ya que es necesario garantizar una gestión responsable de los recursos públicos y asegurar que se destinen a las necesidades reales de la ciudadanía”, ha concluido Elena Tomás.