La formación llevará al Pleno la creación de una oficina pública de gestión de las viviendas de alquiler asequible, en colaboración con el gobierno de Aragón, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los inquilinos/as y que la adjudicación de esas viviendas se haga de manera justa y transparente
Zaragoza en Común ha pedido “transparencia” y “garantías” desde lo público, ante un proceso de adjudicación de viviendas que, hoy en día, está en manos de las empresas privadas, si no cambia. La formación ha solicitado que la futura adjudicación de las 1.500 viviendas promovidas con recursos municipales y autonómicos se realicen mediante un sistema público y transparente, en lugar de que la selección de los inquilinos quede también en manos de estas empresas encargadas de la construcción de las viviendas. Este registro permitirá conocer la realidad de la demanda de viviendas en la ciudad para hacer políticas públicas acorde a las necesidades de la ciudadanía.
Desde la formación van a trasladar al próximo Pleno una moción que propone la creación de una oficina pública de gestión de las viviendas de alquiler asequible, en colaboración con el gobierno de Aragón, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los inquilinos/as y que la adjudicación de esas viviendas se haga de manera justa y transparente.
La propuesta, presentada hoy por el consejero de Zaragoza en Común en Zaragoza Vivienda, Teófilo Martín y el concejal Suso Domínguez, consiste en poner en marcha un modelo mejorado del TOC-TOC, que facilite la información y el acompañamiento a los y las vecinas en los trámites para que todas puedan optar con las mismas oportunidades, independientemente de su destreza con las herramientas digitales o conocimiento de los trámites administrativos.
Esta oficina, sería también una oportunidad para revisar la lista de más de 9000 personas apuntadas en Zaragoza Vivienda para el acceso a una vivienda social. Así como toda la información relativa a la compra de viviendas de VPO.
La gentrificación y los fondos de inversión, un proceso aún más intenso en el Casco Histórico
Zaragoza atraviesa una auténtica emergencia habitacional. El precio del alquiler se ha disparado hasta el punto de que resulta casi un milagro encontrar un piso en cualquier barrio de Zaragoza por menos de 650 euros.
Esta situación está forzando a muchas personas y familias al alquiler por habitaciones y vivir en condiciones muy precarias, que también ha sufrido un exponencial aumento de precio medio de una habitación, superando los 330 euros mensuales.
Al mismo tiempo, la vivienda en Zaragoza se está convirtiendo en un lucrativo negocio al que están llegando fondos de inversión, comprando viviendas en muchas ocasiones habitadas por inquilinos, convirtiéndolos en alquiler por habitaciones o simplemente para alquilarlas a un mayor precio, lo que acaba expulsando a los vecinos y vecinas del barrio donde han vivido toda la vida.
Esta situación se agrava en el casco histórico, donde fondos están invirtiendo masivamente, convirtiendo viviendas en alojamientos turísticos que han aumentado en un 300% y desplazando a vecinos y vecinas de toda la vida.
Zaragoza en Común ha denunciado la pasividad y la connivencia del gobierno de Natalia Chueca con una lógica de mercado, concibiendo la vivienda como un negocio y no como un derecho, beneficiando a los propietarios y fondos de inversión, quienes no solo han incrementado los precios, sino también endurecido las condiciones de acceso, expulsando especialmente a jóvenes, personas con rentas bajas o contratos temporales.
Vivienda social parada, programas de captación cancelados y sin zonas tensionadas
“El gobierno de Natalia Chueca ha sido un colaborador necesario en esta crisis”, ha denunciado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez. El edil ha denunciado que el PP ha paralizado la construcción de vivienda social, ya que no se ha construido ni una sola vivienda social desde su entrada en el gobierno.
También han renunciado al derecho de tanteo sobre las ya casi 200 viviendas de protección oficial que podían haberse incorporado al parque de vivienda pública municipal, que han ido a parar a vivienda libre.
Además, se ha cancelado el programa “Alegra tu vivienda”, cerrado la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler también y las oficinas del consumidor en materia de vivienda. Tampoco este gobierno ha querido hacer efectiva la posibilidad de gravar las viviendas de grandes tenedores desocupadas con un recargo del IBI.
A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno de Natalia Chueca ha renunciado a solicitar la declaración de zonas tensionadas que posibilita a nueva Ley de Vivienda, una medida que se ha demostrado útil en ciudades como Barcelona para frenar los precios del alquiler, desde Zaragoza en Común, afirman que volverán a llevar al Pleno esta propuesta, la gravedad de la situación en Zaragoza donde cada vez vemos más personas viviendo en infraviviendas o en la calle, exige que se tomen todas las medidas que están al alcance para garantizar el derecho a una vivienda digna a los y las vecinas de Zaragoza.
Tampoco en la política de rehabilitación anunciada por este gobierno se han tomado las medidas necesarias para que las personas que viven de alquiler en ellas no se han desahuciadas o se enfrenten a subidas abusivas del alquiler tras un simple cambio de propietario. Las ayudas a la rehabilitación de vivienda, en muchos casos financiadas hasta en un 80% con fondos europeos, no incluyen medidas que garanticen que los inquilinos también se beneficien, tal y como establece la directiva europea de diciembre de 2021 sobre eficiencia energética. En el Casco Histórico estas ayudas han recaído en grandes tenedores de vivienda, que han rehabilitado sus viviendas en propiedad con fondos públicos para, después, hacer negocio.
“Frente a esta situación, desde Zaragoza en Común han reclamado una política pública de vivienda que esté al servicio de las personas, y no del negocio privado. Porque ni las flores, ni las luces, ni la garnacha pueden ocultar la emergencia habitacional que vivimos en Zaragoza”, ha señalado Domínguez.
El llamado programa de alquiler asequible impulsado por el PP ha servido, en realidad, para favorecer a constructoras y fondos privados, permitiendo la edificación de viviendas en suelos destinados a equipamientos —como en Rosales del Canal— donde las constructoras van obtener beneficios superiores a los del mercado, 11 euros metro cuadrado, con el precio medio es poco más de 10.