Pese a la propaganda del régimen la emergencia habitacional se ha cronificado y profundizado, en directa relación con el crecimiento de las desigualdades sociales. Y, con la excepción de un buen número de Ayuntamientos y algunas Comunidades Autónomas, las administraciones españolas continúan dando la espalda a esta vulneración constante del derecho a una vivienda digna y adecuada. Las cifras arrojadas por los juzgados, así como los datos facilitados por la Oficina Municipal de Vivienda de Zaragoza, atestiguan esta tendencia preocupante, mientras crece el número de población en exclusión residencial. Un resumen de la situación sería que los desahucios se mantienen -con crecimiento en el alquiler- y cada vez más personas no pueden comprar ni alquilar en el mercado. La guinda la pone el ridículo número de viviendas sociales en el Estado español.

Los desahucios se mantienen en cifras insoportables. Las cifras de desalojos forzosos en la provincia de Zaragoza de 2017 igualan a los sucedidos en 2013, un año especialmente duro. ¡Se superan los 1.400! ¡Más de 4 ejecuciones al día! En paralelo, en el año 2017, la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza medió en 272 casos de familias de la ciudad en los que había riesgo inminente de desahucio: 199 correspondían a impagos del alquiler -y otros supuestos- y 73 a deuda hipotecaria. ¿Alguien puede decir que el gobierno municipal exagera cuando denuncia la situación? ¿Podrá alguien -después de leer estas cifras- considerar prescindible nuestro empeño por aumentar el parque municipal de alquiler social? Y por último ¿No pensáis que ya es hora de cambios legislativos efectivos que intervengan urgentemente para detener la emergencia habitacional?

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